Fraude con gasolina, penado con cárcel |
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Publicado:
19:19
28 de febrero de 2008
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El senado aprobo leyes mas severas contra los proveedores de combustibles. (Especial)
Asimismo, se penalizará de uno a cinco años de prisión y con multas de 200 a mil salarios mínimos a quienes alteren los instrumentos de medición para suministrar gas natural, diesel o gasolina en cantidades inferiores. El pleno tipificó como fraude específico la venta en cantidad menor a la que adquirió el usuario de esos combustibles, mientras que la alteración de las bombas fue equiparada al tipo penal contra el consumo y las riquezas nacionales. Según el dictamen aprobado en lo general con 83 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones, de 2004 a 2005 80% de las gasolineras vendían litros incompletos de los hidrocarburos, que generó recursos ilegales por 20 mil millones de pesos. En 2005 fueron clausuradas siete mil 148 gasolineras, 40 por ciento del total que hay en el país, por expender gasolina, diesel o gas carburante en cantidad menor a la que señalaba la bomba de servicio. A pesar de que el problema disminuyó, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 40% de las estaciones de servicio continúan con esas prácticas ilícitas, que les dejaron ganancias de ocho mil millones de pesos en 2007. Cuando el dictamen iba ser votado, el senador Ricardo Monreal, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó que fuera regresado a comisiones para su revisión, a pesar de que la iniciativa fue presentada por sus compañeros de bancada, Tomás Torres y Silvano Aureoles. Monreal Avila argumentó que de aprobarse las sanciones se generará un gran daño a este sector, por lo que pidió aplazar la discusión de este dictamen, lo que fue rechazado por mayoría. A su vez, el senador José Calzada, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso algunas modificaciones que fueron aceptadas, para que las sanciones no sean para los despachadores sino para los gerentes o concesionarios de las gasolineras. Finalmente y con el voto en contra de Monreal Avila y del legislador perredista Alfonso Sánchez Anaya, el Senado aprobó las reformas al Código Penal Federal, que fueron turnadas a la Cámara de Diputados.
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