Santa Cruz, en la fértil llanura oriental boliviana, votó el domingo a favor de un estatuto que le dará competencias reservadas al Estado nacional en materia de educación, seguridad, justicia y economía, en una barrera contra el plan del gobierno de "refundar" el país con una nueva constitución socialista.

Sin embargo, el ministro de gobierno, Gustavo Rada, afirmó que el ausentismo en el referendo del domingo habría superado el 40%, en una supuesta muestra de la falta de consenso sobre la autonomía en el distrito que es la capital económica del empobrecido país.

Según conteos rápidos de votos de medios de comunicación, el estatuto cruceño fue aprobado con el 86% de los sufragios, contra 14% de rechazos.

"Nosotros creemos que (el ausentismo) va a estar por encima del 40%”, explicó Rada al canal de televisión ATB.

"Santa Cruz ha quedado dividida: un 50” que se abstuvo, votó en contra, nulo o blanco; y el 50 que votó por el 'sí'", agregó.

Los dirigentes autonomistas afirmaron que el nuevo estatuto busca frenar las ambiciones centralistas del presidente izquierdista Evo Morales, que busca con la nueva constitución aumentar el control del Estado sobre la economía y dar más poder a la mayoría indígena.

Un conteo rápido de ATB estimó el ausentismo en el 39%. La Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, a cargo de conteo de votos dado que el referendo no fue avalado por la justicia nacional, aún no brindó datos sobre el resultado del escrutinio.

Morales dijo en la noche del domingo que la consulta fue un fracaso, calificándola de ilegal y separatista.

La jornada de votación estuvo signada por la violencia, con decenas de heridos en choques entre seguidores del Gobierno, que intentaron boicotear el referendo, y simpatizantes autonomistas, que defendieron con piedras y palos los centros de votación.

En una muestra de fuerza, cientos de miles de personas salieron el domingo a las calles en varias ciudades del altiplano boliviano contra el referendo cruceño.

Como Santa Cruz, otros tres distritos orientales opositores convocarán a consultas de autonomía, en una muestra de la polarización en Bolivia entre los sectores más ricos de las llanuras del este, propietarios de la mayor parte de la tierra; y los indígenas fieles a Morales que viven de la agricultura de subsistencia en las sierras del occidente.

Los empresarios cruceños, que fueron los principales impulsores de la autonomía, también están enfrentados con el Gobierno central por una reforma agraria que podría hacerles perder decenas de miles de hectáreas a los terratenientes del departamento.

La nueva Constitución, aprobada sin el aval de la oposición por una asamblea constituyente controlada por el oficialismo y que debe pasar por una serie de referendos, daría más poder a la mayoría indígena, fortalecería el control del Estado sobre la economía y otorgaría marco legal a la política oficial de nacionalización de los recursos naturales.