Los productores rurales ingresaron al séptimo día de una huelga comercial que podría paralizar la venta de granos de uno de los mayores proveedores de bienes agropecuarios del planeta, y esta semana adhirieron a su causa decenas de políticos oficialistas y opositores.

En marzo, una protesta similar desabasteció de alimentos a Argentina y desencadenó una crisis política que forzó la renuncia de un ministro del gabinete de la presidenta Cristina Fernández, quien asumió cinco meses atrás.

La actual protesta mantiene paralizado el comercio en muchas zonas del interior del país que dependen de la actividad rural, mientras que demora el inicio de la siembra de trigo.

Hasta el momento, Fernández se niega a revisar un polémico impuesto móvil a las exportaciones de granos que aplicó en marzo, y que subió la presión fiscal sobre la soja -el mayor bien exportable del país- despertando la protesta del campo, que desde hace años reclama un mejor diálogo con las autoridades.

El ex presidente Néstor Kirchner, esposo de Fernández, dará este miércoles un discurso al asumir como jefe del poderoso partido peronista y, luego de que él mismo dijera que se ponía al frente del actual gobierno, se descuenta que habrá un mensaje para los productores.

"Lo que esperamos es que el gobierno de un paso adelante en la solución de este tema de las retenciones (impuestos a las exportaciones) móviles (...) y en base a eso después por supuesto levantar el paro", dijo Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina, una de las cuatro entidades enfrentadas con las autoridades.

Pero mientras que el campo se mostró abierto al diálogo en las últimas horas, para el gobierno de centroizquierda la disputa es parte de un intrincado sistema de intereses políticos que no se resuelven en una mesa técnica.

"Esto (el conflicto) ahora está muy mezclado, pero comenzó con una discusión por intereses económicos y a esta altura ya no tengo en claro que sea una discusión por intereses", aseguró a una radio local el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Luego de la acción de tres semanas que realizaron en marzo, los productores rurales lanzaron una tregua de un mes para conversar con el gobierno, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y el campo la semana pasada relanzó la protesta, que se extenderá al menos hasta el jueves.

Mientras diversas encuestas muestran una caída en la imagen de la presidenta desde que comenzó el conflicto, los dirigentes rurales buscaron en los últimos días el apoyo de legisladores y gobernadores provinciales tanto opositores como oficialistas.

El Gobierno asegura que el nuevo impuesto a las ventas externas le asegura a los productores un mayor ingreso al que tenían el año último con un tributo fijo, debido al alza internacional de los precios de los granos.

Los granos de soja, el cultivo más importante del país, le dejan al productor actualmente casi un 3% más que a fines de noviembre, cuando comenzó una escalada internacional de la oleaginosa.

Pero el sector rural se queja de que el nuevo esquema impositivo les fija un techo a los precios de los granos, mientras que los costos de producción de Argentina, uno de los mayores proveedores agropecuarios del mundo, muestran una tendencia al alza.