La explosión de la bomba se registró el jueves en la noche en un bar del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, en momentos en que decenas de personas participaban en las fiestas locales.

La mayoría de personas que resultaron heridas, 17 de gravedad, fueron evacuadas en helicópteros de la Fuerza Aérea a hospitales de la ciudad de Medellín, la capital de Antioquia.

La policía reportó la captura de un presunto guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que habría accionado la bomba, que también provocó graves destrozos materiales en edificaciones.

"Sin lugar a dudas la autoría es del frente 18 de las FARC y tenemos una persona capturada como indiciada del hecho", dijo el comandante de la policía en el departamento de Antioquia, coronel Luis Eduardo Martínez.

El gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, anunció un viaje al pueblo en donde explotó la bomba para realizar un consejo de seguridad.

Ituango está enclavado en una zona montañosa con extensos cultivos de hoja de coca -materia prima de la cocaína- que históricamente ha tenido presencia de la guerrilla, que en el pasado combatió por el control de la región con paramilitares de ultraderecha que entregaron las armas en una negociación de paz con el Gobierno.

Colombia es azotada por un violento conflicto interno de más de cuatro décadas en el que la guerrilla izquierdista se enfrenta a las Fuerzas Armadas del Gobierno y en el que son frecuentes los ataques con explosivos.

Las FARC son el grupo rebelde activo más antiguo del hemisferio y dicen luchar por imponer un sistema socialista en este país de unos 44 millones de habitantes con marcadas diferencias entre ricos y pobres.

El presidente Álvaro Uribe, con el apoyo de Estados Unidos, impulsa una estrategia de seguridad que obligó a la guerrilla a un repliegue y que permitió reducir los asesinatos, las masacres, los secuestros y los ataques con explosivos.

Pese a los golpes que han sufrido las FARC recientemente, incluyendo la muerte de al menos cinco importantes comandantes, aún mantienen su capacidad para cometer ataques en algunas regiones del país, según admite el Gobierno.