CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — El diputado federal Diódoro Carrasco aseveró que la cadena perpetua no resolverá por sí sola la inseguridad, por lo que debe acompañarse de más castigos y reglas que permitan confiscar bienes y recursos financieros a los delincuentes.

El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados planteó que se debe discutir con sensatez y una visión integral, no de coyuntura, el aumento de penas a delincuentes, sobre todo en el caso de los secuestradores, así como la aplicación de más castigos a reincidentes en delitos del fuero común.

"El endurecimiento de penas es un tema que debemos revisar y hacer una propuesta formal", dijo, además de que haya la obligación de registrar todos los teléfonos celulares, incluidos los de prepago, de manera que se tenga la información del propietario para evitar que se cometan delitos a través de los mismos.

Subrayó que son medidas que "debemos tomar junto a las estrategias que se están manejando en materia de capacitación, servicio civil de carrera, mejores remuneraciones, equipamiento, tecnología y coordinación de los cuerpos policiales".

Alejandro Martí narra plagio de su hijo

Diódoro Carrasco expuso que el fenómeno de la delincuencia y el crimen organizado es cíclico y que entre 94 y 97% de los delitos del fuero común corresponden a las autoridades del Distrito Federal y de los gobiernos estatales, pero no son tratados con severidad.

Es decir, en lo que se refiere al robo a transeúntes, de vehículos, a domicilios o lesiones leves generalmente las autoridades son muy benévolas en su tratamiento y eso es una semilla de lo que puede pasar después cuando no se aplica la ley de manera estricta.

Por ello se pronunció por una política de Estado con una visión de largo plazo. "Se requiere actuar de manera coordinada, eficaz, con políticas públicas homologables y, sobre todo, con un sistema de seguimiento y control sobre los cuerpos policíacos", resaltó.

Dijo que es fundamental que dentro del pacto al que ha convocado el gobierno cada instancia del Ejecutivo federal y de los estados asuman, como tarea primordial y central de sus agendas, la atención al tema de la seguridad pública, ya sea en la vertiente del secuestro o en otras.

Sobre la marcha del próximo 30 de agosto, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que es un llamado de atención para que las autoridades competentes puedan hacer mejor su trabajo.

"Es muy importante que la sociedad se exprese, y si hay una enorme preocupación y repudio por el incremento de los secuestros y hechos trágicos que hemos vivido es importante que la sociedad utilice esos canales que le garantiza la Constitución", subrayó.