BUENOS AIRES (Reuters) — El Senado argentino convirtió en ley este jueves el proyecto oficial de estatización de los fondos privados de pensión, en una victoria política de la presidenta Cristina Fernández que le permitirá al Estado disponer de casi 24.000 millones de dólares.

La sanción de la ley, que transferirá al Estado la multimillonaria suma acumulada por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) desde su creación en 1994, se produce cuando crecen las dudas sobre la capacidad del país de hacer frente a los vencimientos de deuda pública.

"Es un cambio de trascendencia histórica, es un cambio central (...) el sistema de capitalización (privado) ha fracasado, está agotado", dijo Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque de senadores del peronismo oficialista, durante el debate parlamentario.

El proyecto oficial -rechazado por los fondos privados de pensión, que desaparecerán cuando entre en vigencia el nuevo sistema- obtuvo 46 votos positivos, superando cómodamente los 37 sufragios necesarios para convertirlo en ley.

La oposición política dijo que se trata de una confiscación de recursos privados con el objetivo de hacer frente a los vencimientos de deuda del año próximo, que suman 20.200 millones de dólares, y para contar con fondos para obras públicas con vistas a las elecciones legislativas del 2009.

Pero el Gobierno asegura que con la ley se protegen los recursos de los pensionados y se pone fin a un sistema que la presidenta calificó de "experimento".

"Los afiliados (a los fondos privados) estarán en una situación superior a la de ahora", explicó Amado Boudou, titular del Anses, el ente estatal de pensiones que controlará los fondos de pensión.

Boudou destacó también que el uso de los fondos estará limitado por la nueva ley.

"Estamos multiplicando por cuatro los controles (sobre los fondos) que existían antes, los controles son muy importantes", añadió.

Las AFJP fueron creadas en 1994, durante el Gobierno del también peronista Carlos Menem (1989-1999), y cuentan con 9,5 millones de afiliados, cuyos aportes ahora pasarán al Estado.

Mercados

El anuncio del proyecto de ley golpeó en las últimas semanas a los mercados locales, donde los fondos de pensión eran jugadores relevantes, y sumó un ingrediente doméstico a la crisis financiera internacional, que ya comenzó a sentirse en la actividad industrial, agrícola y en mayores despidos y suspensiones.

Argentina debe captar el año próximo fondos por 11.800 millones de dólares para pagar la deuda pública, en momentos en que los mercados financieros se encuentran cerrados para el país.

"Yo no sé si esto es una victoria. Me parece que esto es un acto desesperado de apropiación de fondos", dijo a Reuters Jorge Giacobbe, de la consultora homónima.

"El año que viene es dificilísimo aún con la recaudación de las AFJP, es complicado por los vencimientos que tiene Argentina", afirmó.

Otros analistas consideran que con la ley, que implica ingresos adicionales anuales por 4,000 millones de dólares, y con un canje de deuda que se encuentra en marcha, el Gobierno hará frente sin problemas a los vencimientos de deuda.

Impulso

El Gobierno espera también que la sanción de la ley dé un nuevo impulso a su gestión, que sufrió un duro golpe en julio cuando el Congreso rechazó un proyecto para aumentar los impuestos a las exportaciones agrícolas, con el voto negativo definitorio del vicepresidente Julio Cobos.

Un 30% de la población mantiene una evaluación positiva de la presidenta Fernández, lejos de la popularidad del 51% que contaba al asumir el poder, luego de que su imagen se deteriorara durante un prolongado conflicto con el sector agropecuario y por los altos índices de inflación.

"La estatización de las AFJP no deterioró la imagen del Gobierno en la gente, pero tampoco la mejoró sustancialmente", dijo el analista político Rosendo Fraga.

"Por esta razón, la oposición ha comenzado a mostrarse más activa, percibiendo que tiene posibilidades de ganar las elecciones legislativas del año próximo", agregó.

La principal fuerza de oposición, la Coalición Cívica que lidera la ex candidata a presidenta Elisa Carrió, y la centenaria Unión Cívica Radical (UCR) anunciaron la semana pasada un acuerdo para formar una alternativa electoral en el 2009.