| Publicado: Jueves, 04 de diciembre de 2008 a las 23:39 |
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Los senadores del PRD, Silvano Aureoles Conejo y Ricardo Monreal Avila, reservaron para su discusión en lo particular los artículos 44 y 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el segundo transitorio del decreto de la miscelánea Penal.
El presidente de la Mesa Directiva, Gustavo Madero Muñoz, recogió las reservas que hicieron los referidos senadores pero el pleno legislativo rechazó modificar o derogar los artículos reservados, por lo que el Senado envió a la Cámara de Diputados la miscelánea penal, para su análisis y dictaminación.
El Senado aprobó en lo general la miscelánea penal con 76 votos a favor, tres en contra y una abstención, con la cual se modifican diversas leyes para iniciar la aplicación de la reforma constitucional al sistema penal mexicano.
El pleno senatorial dispensó los trámites legislativos al dictamen concluido la tarde de este mismo jueves por las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública, Estudios Legislativos y Justicia, que se ha considerado como una ley de transición del sistema penal mixto, todavía en vigor, hacia el sistema acusatorio.
El presidente de la Comisión de Justicia, Jorge González Alcocer, reconoció el esfuerzo de todas las fracciones legislativas para dar cumplimiento a los plazos legislativos marcados para esta miscelánea penal.
El panista anunció que diversos acuerdos se lograron luego de haber aprobado en comisiones el dictamen correspondiente de 153 cuartillas para alcanzar mayores consensos.
En ese sentido, explicó que se detectó en el dictamen una inconstitucionalidad que sancionaba violaciones a la ley con el equivalente de hasta ocho salarios mínimos.
La Constitución señala que en el caso de jornaleros y trabajadores que perciben el equivalente a un salario mínimo no pueden pagar multas superiores a su ingreso diario, precisó.
González Alcocer indicó que se retiraba del dictamen la modificación al Artículo 80 de la Ley de Amparo, bajo el compromiso de las fracciones senatoriales de que esas disposiciones se incluirán en otras leyes secundarias para dar los mismos efectos.
De esta manera, son ocho y no nueve las leyes secundarias que se reforman con esta miscelánea penal enviada por el Ejecutivo federal el 23 de septiembre a esta instancia legislativa.
Este artículo contravendría las disposiciones de la Ley Orgánica en la que se establece que si un policía, agente del Ministerio Público o cualquier otro servidor de este sector es retirado de sus funciones por la pérdida de la confianza, el Estado está obligado a otorgar la indemnización correspondiente.
Sin embargo establece que de ninguna manera podrá volver a formar parte de alguna corporación, ni siquiera cuando haya ganado un juicio laboral.
El coordinador de Convergencia, Dante Delgado Rannauro, anunció que fracción legislativa votaría contra este dictamen, pues consideró que aunque "son de reconocerse los beneficios que aporta es precipitado.
El perredista Ricardo Monreal Avila coincidió en que es una decisión apresurada para un tema tan relevante para está reforma, considerada como la más importante en materia judicial de los últimos 90 años.
El ex gobernador de Zacatecas propuso que el Senado en pleno trabaje en este tema los días viernes y sábado para profundizar en los detalles de las leyes que se modifican, pero fue rechazado por la mayoría legislativa.
Al fijar sus posiciones, el perredista Tomás Torres Mercado y el priista Ricardo Pacheco Rodríguez dijeron desde la tribuna que sin duda estas reformas a las leyes secundarias del Sistema Penal fortalecen a las instituciones en el combate a la delincuencia.
Los representantes de las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolucióna Democrática PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) pidieron a sus compañeros votar a favor, mientras que Convergencia anunció su negativa.
El panista Ricardo García Cervantes dijo que existen datos duros que requieren de una respuesta institucional y legal como el hecho de que la mayoría de los mexicanos son buenos, decentes y trabajadores y tienen derecho a sentirse seguros.
"Una minoría nos ha robado la paz y el sentimiento de seguridad hasta en nuestra propia casa, mientras que las instituciones encargadas de garantizar esa seguridad están debilitadas, amenazas y para algunos rebasadas por el crimen", abundó.
Los ordenamientos que sufren reformas, adiciones y derogaciones son los Códigos Federal de Procedimientos Penales y el Penal Federal; así como las Leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Policía Federal Preventiva y la Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Además de las Leyes Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de Amparo, la que establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados, y la Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
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