El Gobierno venezolano tomó el 1 de mayo del 2007 las instalaciones de cuatro mejoradores de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, valorados en 30,000 millones de dólares, que eran operados por petroleras internacionales.

La medida provocó la salida de Exxon Mobil y ConocoPhillips, que interpusieron  procesos de arbitraje internacional contra el país buscando una mayor compensación por sus activos.

Chevron, British Petroleum, Statoil y Total aceptaron los términos propuestos y permanecieron como socias minoritarias en los proyectos.