El  desempeño económico del primer año de gestión del presidente Felipe Calderón ha sido inferior a sus expectativas iniciales –i.e. menor crecimiento económico e inflación y mayores tasas de interés–, así como a lo observado el último año del mandato de su antecesor. Emitir un juicio sumario y declarar esto un fracaso sería un despropósito.

México reforzó la libertad de sus mercados y redujo la injerencia económica gubernamental en los pasados 20 años. En estas condiciones pedir cuentas al gobierno por el acontecer económico nacional, por ejemplo, por la desaceleración de la producción, o aceptar que los funcionarios públicos se apropien de ciertos logros, como la creación de más de 800,000 empleos nuevos en 2007, sería errado. El gobierno no es el actor central del avance. No se le debe culpar de todo lo malo, ni acreditarle todo lo bueno que sucede.

Dos criterios resultan imprescindibles para evaluar la administración en turno: lo acertado del diagnóstico gubernamental y las herramientas utilizadas por el Ejecutivo para resolver la problemática económica.

La estabilidad financiera es un activo que no debe desperdiciarse, pese a que  México padece enorme pobreza y desigualdad. Asimismo, la competitividad está sumamente rezagada debido a la escasa productividad de los factores de producción; a insumos caros provocados por oligopolios y monopolios; a una extensa tramitología; a bajas tasas de innovación tecnológica y a la rigidez de mercados, como el laboral, que le cargan la mano al desarrollo económico.

El mérito de la Administración Calderón ha sido reconocer y afinar la prognosis económica adelantada por varios de sus antecesores y no buscar nuevas quimeras para luchar.

El Presidente logró un diálogo efectivo con los legisladores. A los pocos días de su toma de posesión se aprobó el Paquete Económico de 2007 con el consenso de los partidos; luego se negoció una reforma a las pensiones de los empleados públicos y, finalmente, se logró una Reforma Hacendaria que enriquece las arcas gubernamentales, menos de lo deseado, pero a fin de cuentas las mejora.

Todo ello genera un margen para ampliar el gasto público, particularmente los rubros de desarrollo social e inversión pública, como lo muestran los presupuestos públicos de 2007 y 2008. El gasto público ha avanzado en el sentido correcto, a velocidad razonable.

No es el caso de otras políticas, donde se desdibujan definiciones, prioridades y acciones. Poco o nulo progreso se observa en promover cambios regulatorios para abrir mercados, abaratar costos, combatir abusos de precios y desburocratizar la actividad económica.

Mención especial merece el trato (o más bien, la falta de éste) a los sindicatos públicos.

Cada vez se conocen mejor las prebendas y los excesos que estas organizaciones laborales cometen a costa del erario (entiéndase, contribuyentes) y la (mala) calidad y el (elevado) costo de los (deficientes) servicios públicos.

No hay ramo que escape de estos abusos, aunque el problema es peor en educación, salud, electricidad y petróleo, áreas en las que se finca el futuro del país. Son muy contadas las excepciones en que se ha hecho algo para remediar los vicios acumulados. Hasta ahora la política imperante es la del disimulo.

El balance de la acción económica gubernamental para 2007 es positivo. Existe voluntad y capacidad para atender la lista de pendientes claramente diagnosticados aunque hasta ahora poco atendidos por las esferas del poder. Falta claridad en cómo y cuándo remediar varios obstáculos que impiden a la economía despegar con fuerza.

* Presidente ejecutivo de GEA, Grupo de Economistas y Asociados.