El presidente de México arribó al poder entre la controversia por su elección y una parálisis legislativa; expertos evalúan los ámbitos económico, político y social de la gestión de Calderón tras un año en el poder.

1. Balance económico

— El  desempeño económico del primer año de gestión del presidente Felipe Calderón ha sido inferior a sus expectativas iniciales –i.e. menor crecimiento económico e inflación y mayores tasas de interés–, así como a lo observado el último año del mandato de su antecesor. Emitir un juicio sumario y declarar esto un fracaso sería un despropósito.

México reforzó la libertad de sus mercados y redujo la injerencia económica gubernamental en los pasados 20 años. En estas condiciones pedir cuentas al gobierno por el acontecer económico nacional, por ejemplo, por la desaceleración de la producción, o aceptar que los funcionarios públicos se apropien de ciertos logros, como la creación de más de 800,000 empleos nuevos en 2007, sería errado. El gobierno no es el actor central del avance. No se le debe culpar de todo lo malo, ni acreditarle todo lo bueno que sucede.

Dos criterios resultan imprescindibles para evaluar la administración en turno: lo acertado del diagnóstico gubernamental y las herramientas utilizadas por el Ejecutivo para resolver la problemática económica.

La estabilidad financiera es un activo que no debe desperdiciarse, pese a que  México padece enorme pobreza y desigualdad. Asimismo, la competitividad está sumamente rezagada debido a la escasa productividad de los factores de producción; a insumos caros provocados por oligopolios y monopolios; a una extensa tramitología; a bajas tasas de innovación tecnológica y a la rigidez de mercados, como el laboral, que le cargan la mano al desarrollo económico.

El mérito de la Administración Calderón ha sido reconocer y afinar la prognosis económica adelantada por varios de sus antecesores y no buscar nuevas quimeras para luchar.

El Presidente logró un diálogo efectivo con los legisladores. A los pocos días de su toma de posesión se aprobó el Paquete Económico de 2007 con el consenso de los partidos; luego se negoció una reforma a las pensiones de los empleados públicos y, finalmente, se logró una Reforma Hacendaria que enriquece las arcas gubernamentales, menos de lo deseado, pero a fin de cuentas las mejora.

Todo ello genera un margen para ampliar el gasto público, particularmente los rubros de desarrollo social e inversión pública, como lo muestran los presupuestos públicos de 2007 y 2008. El gasto público ha avanzado en el sentido correcto, a velocidad razonable.

No es el caso de otras políticas, donde se desdibujan definiciones, prioridades y acciones. Poco o nulo progreso se observa en promover cambios regulatorios para abrir mercados, abaratar costos, combatir abusos de precios y desburocratizar la actividad económica.

Mención especial merece el trato (o más bien, la falta de éste) a los sindicatos públicos.

Cada vez se conocen mejor las prebendas y los excesos que estas organizaciones laborales cometen a costa del erario (entiéndase, contribuyentes) y la (mala) calidad y el (elevado) costo de los (deficientes) servicios públicos.

No hay ramo que escape de estos abusos, aunque el problema es peor en educación, salud, electricidad y petróleo, áreas en las que se finca el futuro del país. Son muy contadas las excepciones en que se ha hecho algo para remediar los vicios acumulados. Hasta ahora la política imperante es la del disimulo.

El balance de la acción económica gubernamental para 2007 es positivo. Existe voluntad y capacidad para atender la lista de pendientes claramente diagnosticados aunque hasta ahora poco atendidos por las esferas del poder. Falta claridad en cómo y cuándo remediar varios obstáculos que impiden a la economía despegar con fuerza.

* Presidente ejecutivo de GEA, Grupo de Economistas y Asociados.

2. Balance político

— Felipe Calderón llegó a la presidencia tras una elección sumamente cerrada y un conflicto poselectoral más tenso aún. Con tales antecedentes, la expectativa natural era un primer año plagado de enfrentamientos y golpeteo con sus opositores: ¿podría el Presidente salir a la calle o mantener un control mínimo del gobierno?

Doce meses después, el escenario político no podía ser más contrastante. Es difícil negar que superó las previsiones de muchos: paradójicamente, cuanto más pesimistas eran las expectativas iniciales, mejor resulta el saldo aparente hoy día. ¿Cómo explicar esto? Vayamos por partes.

¿Importa tanto el Presidente? Sí. El Poder Ejecutivo y el Legislativo parten de una perspectiva diferente de la política: el Presidente busca implementar cierto programa de alcance nacional con el aparato administrativo bajo su control, mientras que el Congreso provee un foro de representación y negociación para los diversos partidos políticos. Más allá de sus facultades constitucionales, el Ejecutivo tiene un liderazgo clave para el país y frente al Legislativo.

El pasado importa. Los excesos del presidencialismo priista nos heredaron desconfianza en sus facultades: mala cosa si el Presidente puede hacer demasiado. Por otro lado, el errático gobierno foxista produjo desilusión: el Presidente no podría lograr nada sin una mayoría en el Congreso.

Tras nueve años de gobiernos sin mayoría, muchos apuntábamos que cierta parálisis era inevitable: no habría reformas grandes ni pequeñas hasta que las reglas del juego cambiaran los escasos incentivos para la negociación. Las reformas del primer año calderonista nos obligan a reconsiderar los alcances y límites de nuestro sistema presidencial.

No todos los gobiernos divididos son iguales. En 1997, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados pero no en el Senado. En 2000, el PRI dejó Los Pinos y la mayoría en ambas cámaras, pero se fue la primera fuerza legislativa. Hasta 2006 el PRI fue, por primera vez, tercera fuerza en diputados y segunda en senadores. Con un priismo debilitado, el poder de negociación del Ejecutivo favorece al panismo.

Errores de los rivales. Calderón aprovechó los errores de López Obrador durante la campaña y otro tanto en su primer año. Cuando el PRD se retira de la mesa de negociaciones, propicia el acuerdo entre PAN y PRI (pero no lo abarata). En vez de construir una coalición opositora, la estrategia del PRD facilitó una coalición gobernante: curiosamente, al desconocer al Presidente facilitó su legitimación.

Año de reformas. Las pensiones del ISSSTE, una reforma electoral constitucional, algo parecido a una reforma fiscal y un presupuesto aprobado en tiempo y forma, se pueden contar como éxitos tanto del presidente como del Legislativo. Se puede estar en contra o a favor del contenido, pero es difícil negar que evidencian una relación productiva entre ambos poderes.

El estilo personal. Sin tener gran carisma, Calderón sacó provecho de un buen manejo de imagen y discurso. Mostró una rápida capacidad de respuesta ante los imponderables, un celoso control de su gabinete y cierta disciplina y mesura en sus discursos. Basta contrastar la dupla  Fox-López Obrador con la de Calderón y Marcelo Ebrard para destacar cómo la clase política avanza en su profesionalismo.

Aún es muy pronto para saber si, en su afán por destrabar negociaciones, Calderón sacrificó demasiado en términos del contenido de las reformas o en otro tipo de concesiones. ¿Valen la pena reformas cocinadas al vapor?

El saldo electoral del panismo este año muestra un pobre esfuerzo o una estrategia: ¿acaso se decidió ceder algunas plazas con tal de contar con el apoyo del PRI? Será en 2009 cuando veamos si éste fue un precio muy alto.

* Doctor en Economía por la Universidad George Mason y profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE.

3. Balance social

— ¿Qué papel juega la política social para la administración de Felipe Calderón, más allá de compromisos discursivos con la superación de la pobreza? No cabe duda de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2008 presenta incrementos muy importantes en ramos como el de Desarrollo Social, Educación y Salud.

Si bien un mayor margen de presupuesto es fundamental para superar la pobreza, también lo son las políticas públicas financiadas con este presupuesto y la eficacia en su ejercicio. En este sentido, la política social del actual gobierno –al menos como se refleja en el PEF 2008 y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012– deja mucho que desear en cuanto a una estrategia clara para resolver los grandes rezagos del país en materia de salud, educación y opciones de empleo para una parte considerable de la población.

La estrategia de superación de la pobreza como se conocía desde años atrás –cuyas vertientes son la formación de capacidades, la generación de opciones de ingreso, la formación de patrimonio, la protección social– ha sido ignorada por el gobierno, pues no hay en el Presupuesto de Egresos información que permita saber cuántos recursos se destinan a cada uno de estos pilares.

Aún más, de acuerdo con datos oficiales, tres vertientes han recibido importantes recursos en los últimos años, pero el rubro de generación de opciones de ingreso se ha estancado, aun cuando esa vertiente está diseñada para que las familias más pobres generen sus propios recursos y dejen de depender de los programas asistenciales.

Por otro lado, los indicadores de desempeño presentados en los documentos presupuestarios no cumplen la función de ser el referente para identificar una estrategia gubernamental. Todo lo contrario. Se han estancado en un requisito burocrático más que no ayuda al seguimiento de la gestión pública ni al proceso de elaboración, instrumentación y evaluación de políticas sociales en general y de los esfuerzos para superar la pobreza en particular.

El caso de Oportunidades es ilustrativo. Otro ejemplo son las secretarías de Educación y Salud, en las que más de 7 de cada 10 pesos de su presupuesto no contaban con ningún indicador de desempeño en el Proyecto de PEF 2008.

En cuanto a  la salud, existen rezagos que datan de décadas y que, a un año de gestión de Calderón, es imposible evaluar si se han realizado las acciones necesarias para empezar a resolverlos. Esto se debe a la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas en el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que desde el sexenio foxista es uno de los ejes de la política social federal.

Al operar como una ‘bolsa de dinero’ que se distribuye entre las entidades federativas, de acuerdo con el número de afiliados, la distribución de estos recursos se da de manera desigual y no contribuye a resolver los rezagos en los servicios de salud de los estados más pobres, en especial la ausencia de infraestructura.

Lamentablemente no será posible conocer los efectos del Seguro Popular en su totalidad hasta 2010, año en que, según el plan de este programa, deberán estar afiliadas todas las familias derechohabientes. Sin embargo, en estados donde las carencias son más evidentes, como Chiapas, la afiliación ha sido lenta e ineficiente, y no hay ningún planteamiento concreto que sugiera cómo se va a cambiar esto.

El nuevo gobierno parece no tener clara una postura ante hacer justiciable el derecho a la salud. La población no cuenta hasta el momento con mecanismos eficientes para reclamar la falta del cumplimiento no sólo de este derecho, y no ha habido expresiones de esta administración para revertir este vacío.

En cualquier caso, la conclusión es que el cambio de gobierno no ha implicado, hasta el momento, avances sustantivos para que el Estado cumpla a cabalidad con su obligación de avanzar decididamente con el cumplimiento del derecho a la salud.

En suma, es importante destinar mayores recursos a la política social, pero ejercerlos sin una clara estrategia puede condenar al fracaso las buenas intenciones.

* Investigadoras de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Con la colaboración de Daniela Díaz Echeverría, Mariana Pérez y Alberto Serdán.