El que mucho abarca poco aprieta

En múltiples ocasiones se ha mencionado que urgen reformas en nuestro poder judicial, las más urgentes relacionadas con la materia penal en razón a que involucra dos valores fundamentales del hombre, su libertad y seguridad.

Sin embargo, es evidente la necesidad de reformas también en otras materias que afectan el patrimonio de las personas y empresas, así como el futuro del país como es el caso de la propiedad intelectual.

Es urgente que se establezcan tribunales especializados en materia administrativa, es imposible que un solo juez conozca todas las ramas que contempla esta materia.

Un caso específico es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el cual tiene a su cargo resolver una infinidad de casos relacionados con diversas ramas del derecho administrativo. Las resoluciones emitidas por este órgano son muy criticadas en razón a la percepción de que se resuelven observando solamente las reglas de procedimiento, mas no se estudian de fondo, por el desconocimiento de la materia por parte de los juzgadores.

Cada vez es más frecuente que las autoridades dominen sus facultades de revisión, y que el uso de medios electrónicos en varios trámites disminuyan las posibles fallas de forma; por ello es indudable que los litigios que se presenten serán más de fondo, y esto genera la necesidad imperiosa que nuestros tribunales no sólo se capaciten más sino que estén divididos por especialidades.

Imagine usted a un juzgador tratando de resolver al mismo tiempo un asunto del impuesto al valor agregado de la ley aplicable en  2001; una problemática sobre la titularidad de una marca y sobre el otorgamiento de una pensión a un militar. Aquí no solo se enfrenta al cúmulo de asuntos sino también a la falta de especialización. Esto nos lleva también a obtener resoluciones totalmente contrarias en asuntos similares.

No es nada nuevo este tema, ni tampoco es tan sencillo como crear nuevos tribunales y acrecentar la burocracia. Lo cierto es que agrega un punto más a la desconfianza con la que acuden las empresas a solicitar justicia.