La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal dio a conocer que vía celular se podrá solicitar la línea de captura y demás detalles. Ahora solo quitará el sueño el reunir el dinero para pagar.
La subcontratación y la intermediación laboral son prácticas comunes en las empresas las cuales buscan reducir costos laborales sobre todas las cosas. Esta práctica se ha generalizado al grado que el propio Estado la utiliza para ciertos servicios.
Algunas de estas prácticas son muy criticables en tanto que constituyen actos verdaderos de simulación jurídica que afectan los derechos de los trabajadores, en relación con sus prestaciones de seguridad social, y del fisco por omisión de impuestos.
Con la propuesta inicial del IETU se intentaba de cierta manera evitar dichas prácticas, empero los diversos ajustes a la Ley que finalmente se aprobó, dejaron sin efecto su objeto.
Ahora se pretende a través de una reforma a la Ley del Seguro Social, la cual fue ya aprobada en Cámara de Diputados y turnada para su estudio al Senado, otorgar más elementos para que el IMSS pueda auditar a estos contribuyentes mediante la solicitud de declaraciones informativas y la posibilidad de que sea el propio Instituto quien determine la responsabilidad solidaria de las empresas, así como otorgar facultades para imponer sanciones por omitir informar al IMSS estas prácticas.
Aun cuando la reforma tiene un sentido positivo considero no será suficiente para evitar que se sigan utilizado estas figuras y puede constituir una carga administrativa más para las empresas que utilizan de manera correcta la intermediación laboral.
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El “takeover” es un término anglosajón utilizado para llamar así a la toma hostil de una empresa por parte un grupo de accionistas para forzar la negociación ante la ausencia de acuerdos y de toma de decisiones que afectan sus intereses.
En México es cada vez más común el uso de estos mecanismos ante la ausencia de una legislación actualizada. Los accionistas utilizan las lagunas, contradicciones u omisiones de la ley, así como los propios estatutos de la sociedad para tomar el control corporativo y material de la empresa. Entre los mecanismos que utilizan se encuentran:
Una vez que toman el control corporativo inicia el control de la operación de la empresa. El takeover suele ser un mecanismo legal, aunque su legitimidad genere dudas.
Los antídotos para evitarlo se encuentran en los estatutos mismos de la empresa, los cuales deben ser cuidadosamente elaborados para introducir candados que permitan evitar este tipo de prácticas, así como llevar un control estricto del orden de los libros y documentos corporativos.
Otra recomendación es que las pequeñas y medianas empresas opten más por la sociedad de responsabilidad limitada que establece mecanismos más amistosos y seguros para proteger los intereses de los socios.
Cabe señalar que esta figura también tiene su lado positivo y puede ser utilizada en aquellos casos en que la sociedad está paralizada por accionistas que sólo firmaron el contrato social y nunca más aparecieron por el negocio.
]]>El pasado 22 de febrero de 2008, el Infonavit dio a conocer a los trabajadores y patrones las reglas para el otorgamiento de créditos para vivienda. En dichas reglas el Infonavit establece los lineamientos que se deberán observar para el otorgamiento de créditos para vivienda, amortización y los descuentos que el patrón deberá realizar.
En general podemos decir que dichas reglas son buenas noticias, ya que son flexibles y permiten que más trabajadores tengan acceso a un crédito para la vivienda.
Lo negrito del arroz, lo encontramos en la regla vigésima quinta al señalar que la tasa de interés variable que devengarán los créditos de vivienda otorgados por el Infonavit, se ajustará semestralmente cuando el trabajador recibiere un salario mensual integrado mayor.
Esto implicará que un incremento salarial dará origen a una tasa mayor de interés. Así las cosas, si dos trabajadores obtuvieron un crédito para su vivienda en las mismas condiciones, al término del mismo habrán pagado montos diferentes si alguno de ellos fue más beneficiado por incrementos salariales.
Este mecanismo aplicará a los créditos contratados a partir de la vigencia de dichas reglas.
]]>La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal dio a conocer que vía celular se podrá solicitar la línea de captura y demás detalles. Ahora solo quitará el sueño el reunir el dinero para pagar.
Sin embargo, es evidente la necesidad de reformas también en otras materias que afectan el patrimonio de las personas y empresas, así como el futuro del país como es el caso de la propiedad intelectual.
Es urgente que se establezcan tribunales especializados en materia administrativa, es imposible que un solo juez conozca todas las ramas que contempla esta materia.
Un caso específico es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el cual tiene a su cargo resolver una infinidad de casos relacionados con diversas ramas del derecho administrativo. Las resoluciones emitidas por este órgano son muy criticadas en razón a la percepción de que se resuelven observando solamente las reglas de procedimiento, mas no se estudian de fondo, por el desconocimiento de la materia por parte de los juzgadores.
Cada vez es más frecuente que las autoridades dominen sus facultades de revisión, y que el uso de medios electrónicos en varios trámites disminuyan las posibles fallas de forma; por ello es indudable que los litigios que se presenten serán más de fondo, y esto genera la necesidad imperiosa que nuestros tribunales no sólo se capaciten más sino que estén divididos por especialidades.
Imagine usted a un juzgador tratando de resolver al mismo tiempo un asunto del impuesto al valor agregado de la ley aplicable en 2001; una problemática sobre la titularidad de una marca y sobre el otorgamiento de una pensión a un militar. Aquí no solo se enfrenta al cúmulo de asuntos sino también a la falta de especialización. Esto nos lleva también a obtener resoluciones totalmente contrarias en asuntos similares.
No es nada nuevo este tema, ni tampoco es tan sencillo como crear nuevos tribunales y acrecentar la burocracia. Lo cierto es que agrega un punto más a la desconfianza con la que acuden las empresas a solicitar justicia.
]]>Dentro de las facultades que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se encuentran las inspecciones para verificar la correcta aplicación de las normas laborales. Existen cuatro tipos de inspecciones: iniciales, periódicas, de comprobación y extraordinarias.
En cualquier caso la notificación del inicio de una visita de inspección debe señalar que obligaciones serán revisadas y la documentación que la empresa deberá proporcionar.
Los puntos sobre los que generalmente versan éstas inspecciones son los siguientes:
El estar al corriente de las obligaciones en las materias señaladas evitará que la empresa pueda ser acreedora a multas que oscilan entre 3 a 315 veces el salario mínimo.
Una forma de evitar incurrir en omisiones es invertir tiempo para un autodiagnóstico o auditoría laboral que le permitirá atender de manera exitosa este tipo de inspecciones.
Para realizar un check up para atención de inspecciones laborales lo invito a visitar la página www.saludempresarial.com
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Nuestra constitución señala en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, asimismo en su artículo 27 le otorga a la Nación la obligación de preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
La doctrina señala que el derecho a un ambiente sano es subjetivo y colectivo a la vez y está ligado de manera insoluble a la calidad de vida y al derecho a la salud, pero la defensa de ese derecho se torna difícil, ya que la titularidad de ese derecho por la afectación y en su caso la protección de futuras generaciones debería pertenecer a una colectividad representada quizás por el Ministerio Público o regular la figura de la acción popular que existe en algunos países.
Aquí no estamos hablando de la protección por el daño, en la que se especializa nuestro derecho al menos en el papel, sino el evitarlo o prevenirlo, recordemos que los daños ambientales casi en su mayoría son irreversibles o sus efectos son prologados y no existe capital suficiente para repararlos.
El derecho a un ambiente sano debería ser un derecho colectivo y de protección internacional, ya que los daños y consecuencias no son locales, la contaminación y degradación del ambiente no reconoce fronteras políticas, para ellas no existe la soberanía.
Sabemos que los derechos individuales de algunos tienden ha prevalecer sobre los derechos colectivos y más aún hay actos lícitos que conllevan el abuso del ejercicio del derecho dominio, y es esa contradicción jurídica la que debemos terminar.
Además quién nos protege cuando ese daño o la falta de prevención son del propio Estado.
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Los altos costos que suele implicar este trámite ha dado origen a la existencia de un sinnúmero de inmuebles no regularizados.
La facilidad otorgada tiene por objeto apoyar a los herederos o legatarios que formalicen en escritura pública los actos jurídicos relacionados con la transmisión de la propiedad de inmuebles por sucesión.
El beneficio consiste en la condonación del 80% de las siguientes contribuciones: impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos del Registro Público de la Propiedad, derechos por la expedición de certificados de zonificación y de acreditamiento de uso de suelo por los derechos adquiridos y servicios de publicación de edictos.
Para obtener estos beneficios deberá reunir los siguientes requisitos:
Si pensaba regularizar la casa que su abuela le heredó en la Lomas le tengo una mala noticia, sólo podrán regularizarse los inmuebles cuyo valor catastral no excedan al equivalente de un millón quinientos mil pesos.
A pesar de esta última aclaración resulta una buena oportunidad.
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La Ley del IETU fue elaborada de manera cuidadosa evitando en el mayoría de los casos dar pie ha que pudiera impugnarse, principalmente en lo que se refiere a los conceptos de proporcionalidad y equidad, que son el rosario que todo abogado fiscalista le reza a la Corte.
Para algunos especialistas este impuesto tiene una fortaleza constitucional mayor que el propio impuesto sobre la renta, lo que evidentemente complicará la elaboración de amparos. Lo aconsejable es que se analice caso por caso, esto claro elevará los honorarios de los despachos lo que probablemente pudiera desanimar a las empresas.
Algunos vicios de constitucionalidad que argumentan los especialistas giran entorno de las disposiciones transitorias de ley y en específico a la devolución del impuesto al activo la cual al limitarse violenta el principio de irretroactividad de la ley.
En el caso de donatarias se menciona el trato discriminatorio que realiza la ley al exentar del impuesto solamente aquellas donatarias que obtengan la autorización para recibir donativos, autorización que será otorgada por la autoridad bajos supuestos que no están contemplados en ley sino en reglas administrativas, este argumento sería también aplicable para las escuelas.
Así la opción del amparo es una decisión que no deberá dejarse a la suerte ya que puede resultarle muy caro.
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Parecen puntos muy básicos sin embargo son los que generan más problemas a la hora de un desacuerdo entre las partes.
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De conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación y Funcionamiento del Registro Público de Consumidores, publicado el pasado 7 de noviembre de 2007 y los Lineamientos por los que se determina la Operación y Funcionamiento del Registro Público de Usuarios –Personas Físicas– que no deseen que su Información sea utilizada para fines Mercadotécnicos o Publicitarios), se crean dos Registros, uno de ellos de consumidores y el segundo para usuarios de servicios financieros.
Tratándose del Registro Público de Consumidores se inscribirá sólo el número telefónico y no así otros medios de uso común como el correo electrónico, aunque la Profeco establecerá un sistema automatizado que impida la asociación de los números de teléfono inscritos en el RPC con cualquier otro dato personal del consumidor, resguardando tanto la información como su confidencialidad. El hecho de vincular el teléfono con cualquier otro dato personal implicará necesariamente la protección del domicilio de la persona titular de la línea, es decir, que no se remita publicidad a ese domicilio.
En el caso del Registro Público de Usuarios (REUS), la protección es mucho más amplia e involucra todos los datos personales, pues los usuarios de servicios financieros (sólo personas físicas en esta primera etapa) no podrán ser molestados vía telefónica en su domicilio particular, lugar de trabajo, teléfono móvil o dirección electrónica particular y del trabajo.
En este sentido, podrá inscribirse en un solo trámite dos números particulares, del trabajo (fijos y móviles) y dos correos electrónicos (personal y laboral).
La inscripción no surtirá sus efectos en el caso de que el consumidor hubiese otorgado su consentimiento expreso ya sea de modo escrito, medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología o por signos inequívocos a determinado proveedor o empresa para recibir publicidad, pues este consentimiento prevalecerá sobre la inscripción, pero únicamente en cuanto al proveedor al cual se hubiese dado dicho consentimiento. Por lo tanto, si el consumidor llegare a inscribirse bloqueará el envío de toda la publicidad que pudiera recibir del resto de los proveedores mas no de aquél a quien se lo hubiese permitido.
El consentimiento a recibir publicidad prevalecerá sólo si aquél no fuere revocado por el consumidor voluntariamente.
Por ende, el consumidor deberá revisar cuidadosamente los contratos de prestación o suministro de bienes y/o servicios a fin de verificar si en ellos se otorgó el consentimiento para que su proveedor o empresa le envíe publicidad o información con fines mercadotécnicos o publicitarios, con el objeto de que si ya no desea recibir ésta celebre en su caso un convenio modificatorio en el que se prevea el impedimento a la empresa de remitir tal información.
Los medios a través de los cuales podrá efectuarse la inscripción serán:
lla página de Internet de la Profeco http://rpc.profeco.gob.mx/Solicitudnumero.jsp
llos números telefónicos de su Centro de Atención Telefónica (México, Guadalajara y Monterrey al 9628 0000, y del cualquier otro Estado de la República al 01 800 962 8000).
En caso de que los proveedores de bienes y/o servicios o empresas continúen enviando publicidad serán sujetos de una multa:
lde hasta $1´064,044.07 si realizan llamadas a algún número telefónico inscrito en el RPC después de 30 días de su inscripción
lde 250 a 2,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, si el usuario de servicios financieros continúa recibiendo llamadas o envío de publicidad a su correo electrónico o por cualquier medio, después de los 45 días naturales contados a partir de la fecha de su inscripción en el REUS
Para que la autoridad imponga estas sanciones, debe observarse lo siguiente:
lsi se violenta el RPC, a pesar de que las Reglas de su operación nada dicen al respecto, de una interpretación de las normas aplicables, corroborado con la información que ha dado a conocer la Profeco, se infiere que se podrá presentar una denuncia vía telefónica al 55-68-87-22 ó 01-800-4-68-87-22, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 am a 6:00 pm
len el caso de que no se respete el REUS, el usuario podrá presentar un aviso de infracción, personalmente a través de las oficinas de atención de la Condusef o por correo postal.
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La crítica más generalizada que prevalece es la limitación de la deducción de los pagos por sueldo y salarios, así como de las prestaciones que deriven de la relación laboral, aun cuando se estableció un crédito por los sueldos y salarios, éste no ha sido para algunas empresas suficiente para neutralizar los efectos de la no deducibilidad.
Algunas empresas han considerado la posibilidad de monetizar las prestaciones, hecho que parece simple de palabra pero que tiene implicaciones importantes. El costo de esta acción puede ser muy negativo considerando que al monetizar las prestaciones la carga social se verá seriamente incrementada (Seguro Social e Infonavit) así como el monto del impuesto sobre nóminas a pagar, aunado a que si se tiene sindicato la negociación no es del todo sencilla.
En encuesta realizada por KPMG la mayoría de empresas señalaron que este nuevo impuesto repercutirá de manera negativa en diversas áreas como a continuación se muestra:
En su opinión, la presente reforma repercutirá en:
¿Cuál de las siguientes propuestas afectará directamente a su negocio?
Fuente: Encuesta de KPMG 2007
La complejidad de calcular este nuevo gravamen aunado a que deberán pagarse todos los provisionales de los demás impuestos en febrero y presentarse más cinco declaraciones informativas al SAT en el mismo mes, hará seguramente de su área contable la más amorosa y tierna de su empresa.
]]>Sabemos por ejemplo que la contabilidad no sólo es una necesidad llevarla sino que su elaboración y conservación por determinados período de tiempo resulta obligatoria para efectos fiscales y corporativos, asimismo, contratos y actas de asamblea o constitutivas.
Qué soluciones ofrecen las leyes al respecto y qué tan prácticas son. En materia fiscal y corporativa se deberá proceder como sigue:
Tratándose de títulos nominativos o al portador se deberá seguir una acción reivindicatoria o la cancelación de título ante la autoridad judicial.
Si hablamos de expedientes judiciales se deberá ejercer un incidente de reposición de expediente ante el juzgado y si hablamos de títulos de propiedad con fe pública se podrá acudir con el Notario Público o al Archivo General de Notarias de cada entidad para solicitar la expedición de copias certificadas o Archivo de Corredores Públicos si el documento se expidió con dicho fedatario.
Como se ve el panorama resulta un tanto complicado y poco práctico.
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Si esto lo vemos a nivel de empresa, el Estado está mucho más lejos de tener una política para la tecnología y la educación de igual importancia que la política fiscal y monetaria.
No creo que todavía consideremos que este país solamente requiera de ingresos tributarios para progresar.
]]>Mediante el mismo se otorgan ciertos estímulos, los cuales resultan complicados aplicar y entender, pero si logra descifrarlo beneficiará a:
· Empresas que lleven a cabo operaciones de maquila
Y si de beneficiados hablamos, la SHCP olvidó a las personas físicas con ingresos por honorarios y los arrendadores, los cuales resultarán afectados también con este nuevo gravamen.
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