Ecuador denuncia a España por embargos

Un colectivo busca frenar las ejecuciones hipotecarias contra ecuatorianos que viven en España; la organización pretende que el Gobierno modifique la ley que regula los desahucios en ese país.

Martes, 22 de enero de 2013 a las 15:05

MADRID (AP) — Ecuador demandó este martes a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para intentar frenar los embargos hipotecarios contra ecuatorianos que viven en España.

La legislación española sobre hipotecas "vulnera derechos fundamentales de las personas", dijo Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo de Ecuador.

El colectivo pretende que se modifique parte de la ley española que regula los desahucios por impagos. La ley actual es muy rígida, las personas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca son desalojadas por orden judicial, pierden dinero invertido y la casa y teóricamente deben satisfacer la deuda pendiente con el banco.

La demanda incluye el caso del ecuatoriano Luis Solórzano, quien se ha visto obligado a abandonar su vivienda al haber agotado todas las instancias judiciales en territorio español. Este ciudadano sufrió "indefensión ante las prácticas abusivas" del banco, dijo Rivadeneira Silva.

Esa institución ha atendido 6,000 casos similares de ecuatorianos en España y no descartó elevar otras quejas similares a Estrasburgo, en Francia.

El Tribunal de Derechos Humanos es una instancia judicial supranacional a la que pueden recurrir los ciudadanos europeos una vez agotadas todas las vías legales en su país de origen. Sus sentencias son de cumplimiento obligatorio, pero los procesos suelen demorarse años.

En noviembre pasado, el Gobierno español suspendió durante dos años los desahucios por impagos hipotecarios a familias con ingresos anuales de menos de 14,400 euros (18,400 dólares) después de impuestos y personas sin prestación por desempleo.

El drama de los desalojos es una consecuencia directa del alto desempleo de 25% y el colapso inmobiliario.

Más de 350,000 personas -muchas de ellas inmigrantes- han perdido su vivienda y los ingresos de media vida desde el comienzo de la crisis en 2008, según cálculos judiciales.


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