En su edición del 2008 del "Informe Progreso Económico y Social", el BID afirma que la inclusión social demanda más que la reparación de injusticias pasadas a través de las transferencias de recursos.

"La exclusión social es la amenaza más peligrosa que enfrenta la democracia en América Latina y el Caribe", dijo el presidente del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno, en el prefacio del informe.

"Lo más importante es que se cambie la forma en que se toman las decisiones, se asignan los recursos y se ejecutan las políticas", agregó.

Moreno destacó que en los últimos 25 años ha habido "significativos" avances hacia la democratización en los sistemas políticos de la región, en el control de la inflación y en la integración de las economías en el mercado mundial.

"Sin embargo, la pobreza, la desigualdad y la falta de empleos y oportunidades para facilitar la movilidad social de la mayoría representan áreas en las cuales queda mucho por hacer", afirmó.

Según el Banco Mundial, 47 millones de personas, o más del 8 % de la población total de América Latina, vive en la pobreza extrema.

Para que la situación cambie se requiere extender las oportunidades a las "grandes masas hoy excluidas", y mejorar su acceso a las instituciones y recursos para que puedan prosperar, señaló Moreno.

Otra forma de ver el problema, para los gobiernos, es buscar las razones que llevan a resultados no satisfactorios, y no simplemente comparar las cifras de los indicadores sociales de un año al otro, dijo uno de los autores del estudio.

"No miren al resultado, miren como se llegó al resultado", dijo Gustavo Márquez durante la presentación del informe en la sede del BID

Según Márquez, es más fácil para los Gobiernos tratar del tema de la exclusión cuando las economías están creciendo, porque eso ayuda a crear empleos con mejores sueldos.

Márquez señaló que los programas de transferencia de recursos condicionados pusieron a muchos niños en la escuela en la región, pero eso no significó necesariamente que luego encontraran empleos con mejores salarios que sus padres.

Empezar a tratar el problema de la informalidad en el mercado laboral, que afecta a más del 50 % de la población económicamente activa en la región con políticas de Estado adecuadas es, por ejemplo, una forma para empezar a tratar el tema de la exclusión, señaló.