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NUEVA YORK — He aquí un caso verídico: el magnate de la construcción Leonard Lawson está siendo juzgado por la corte federal estadounidense por supuestos sobornos a la secretaría estatal de Transporte durante la década pasada, realizados con el fin de ganar importantes proyectos de carreteras y caminos. A pesar de ello, las compañías de la familia Lawson han obtenido contratos por valor de 24 millones de dólares gracias a la Ley de Recuperación. ¿Qué?

Aunque Lawson se ha declarado inocente, las compañías asociadas a él no deberían haber concursado por los estímulos federales en un lapso de 45 días tras su acusación de soborno, robo y obstrucción a la justicia, según las reglas del Departamento de Transporte. Pero el Departamento actuó demasiado tarde y las compañías de Lawson ya habían ganado los contratos.

"Es una vergüenza y una desgracia que veamos a gente salirse con la suya y obtener contratos luego de ser acusados, para mí eso no contribuye a deshacernos del fraude, el abuso y el malgasto", declaró el legislador republicano Edolphus Towns, presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma gubernamental del Congreso.

La demora en descubrir estas situaciones (donde debe prohibirse o suspenderse la participación de las compañías en los concursos)  cuando Washington está repartiendo miles de millones de dólares por la Ley de Recuperación genera "una tormenta perfecta para los contratistas que intenten defraudar al Gobierno", advirtió la Oficina de Inspección General del Departamento de Transporte en un comunicado.

Por su parte, CNN sabe que investigadores federales ya están encontrando evidencia de fraudes en el proceso de licitación de los contratos que la Administración Federal de Carreteras ha concedido como parte de la Ley de Recuperación. Los fiscales examinan casos donde los contratistas se han coludido para ganar trabajos de repavimentación, ampliación de calles y carreteras.

Si bien aún no se han presentado cargos criminales, la Inspección General del Departamento de Transporte ya procesa 25 investigaciones criminales, una docena de las cuales han sido canalizadas al  Departamento de Justicia estadounidense para iniciar acción legal.

Otro fraude que se presenta es el denominado por el Gobierno como "fraude de empresa en desventaja", el cual consiste en pequeñas empresas propiedad de mujeres o minorías que ganan contratos para después pasarle el trabajo y los fondos -luego de quedarse con algo- a un contratista no cualificado.

Habrá corrupción

Inspectores en todos los departamentos e instituciones federales están buscando con rigor el fraude, seguros de que la corrupción infectará el gasto de la Ley de Recuperación.

"Habrá fraude, falsos testimonios, falsas reclamaciones, sobornos, propinas, conflicto de intereses y violaciones de leyes antimonopolio", opinó Wayne McElrath, asistente interino del inspector general en la Agencia de Protección Ambiental.

Hasta el 30 de noviembre, la Junta de Contraloría y Transparencia de la Ley de Recuperación, encargada de vigilar los dineros, contabilizó 470 auditorías, 106 investigaciones activas y 25 casos admitidos a revisión judicial.

Según los inspectores del Gobierno, esto apenas comienza.

El Gobierno ha capacitado a más de 55,000 personas para detectar fraudes, pues la Junta de Transparencia anticipa que para los contratistas corruptos los fondos de la Ley de Recuperación son una potencial mina de oro.