En 2002, la PGR abrió una investigación contra el director de Pemex durante el 2000, Rogelio Montemayor, y el líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps por el presunto desvío de recursos a favor de la campaña presidencial del entonces candidato presidencial priista Francisco Labastida.

En septiembre del mismo año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resolvió que hubo anomalías por 2,338 millones de pesos en convenios entre la paraestatal y el sindicato.

Tres años después, a finales de 2005, la Secretaría de la Función Pública castigó a Rogelio Montemayor y cinco colaboradores cercanos con una multa de más de 2,800 millones de pesos y la inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos.

"Hay que ir más lejos, desde la ‘Quina' (dirigente petrolero en la década de los 80's que fue encarcelado en los 90) era rumor público que el sindicato se llevaba un porcentaje de todo lo que se compraba en Pemex", cuenta Fernando Menéndez,  de la Universidad Iberoamericana.

Carlos Romero Deschamps sigue al frente del sindicato petrolero y será senador a partir de 2012 en la próxima legislatura por el PRI, ya que aseguró un escaño por la vía plurinominal.

"En buena medida este sindicato ha sido uno de los más relevantes precisamente por esos recursos que maneja, no tanto de personas, sino materia de trabajo y recursos económicos", señala el académico Gustavo López.

Hace unas semanas, la hija del dirigente estuvo envuelta en un escándalo al descubrirse los ostentosos viajes que ha realizado en varios países.

"La protección que reciben los dirigentes, no únicamente por parte de unos grupos, sino de muchos grupos, porque también habría que ver, entre los cuestionamientos, por qué la dirección de Pemex o el Gobierno no se atreven a levantar cargos o hacer otro tipo de acciones contra estos líderes sindicales, bueno pues es fundamentalmente por un conjunto de condiciones que ellos mismos construyen para asegurar espacios de protección.

"Éste es uno de los grandes casos donde podemos ver la forma en que el corporativismo en México se instrumentó", apunta Gustavo López, académico del Tecnológico de Monterrey.

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