7 mitos sobre el petróleo en México

En pleno debate energético, un especialista afronta los ‘fantasmas’ que asustan al sector petrolero.

Lunes, 12 de mayo de 2008 a las 15:14
La renta económica
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Expansion
Los costos de producción en el negocio petrolero se han multiplicado en los últimos años. (Especial)
Los costos de producción en el negocio petrolero se han multiplicado en los últimos años. (Especial)

Fantasma 1: Para que un país disfrute la renta económica del petróleo y gas se requiere que una empresa estatal extraiga y venda los hidrocarburos.

El concepto de renta económica fue desarrollado por Adam Smith y David Ricardo. Se puede explicar con un ejemplo muy simple: hay un trabajador que está dispuesto a emplearse por 7,000 pesos, pero el mercado está dispuesto a pagarle 10,000 pesos. Los 3,000 pesos de diferencia son la renta económica que el mercado reconoce como valor intrínseco al trabajador.

En ciertas industrias, particularmente en el caso de los recursos naturales, se crea un valor en exceso de los costos totales y la utilidad esperada por un inversionista. Este valor en exceso le corresponde a la nación por ser la propietaria de los recursos, lo que es un principio ampliamente aceptado en todo el mundo.

Esta renta es muy significativa. Según la naturaleza geológica del yacimiento, representa en la actualidad un promedio de 70% del valor total de cada barril producido, aunque el rango varía entre 18 y 99%, según Wood Mackenzie, una firma especializada en impuestos petroleros.

Este pago es entregado a la nación a cambio de la extracción de un recurso no renovable. En  la mayoría de los casos, la compañía que extrae físicamente el hidrocarburo es un operador de la explotación, y en esta categoría están empresas privadas como Shell, Exxon, Total y BP, o firmas estatales como Pemex, Petrobras, Pertamina y PDVSA. Su función es invertir y desarrollar campos, maximizar producción y reducir costos de extracción. Ellos cobran un retorno al capital invertido, pero sin ningún derecho sobre la renta.

Los sistemas fiscales sirven para determinar y recolectar esta renta económica, pero dichos sistemas están lejos de ser perfectos, pues cada yacimiento tiene una rentabilidad diferente y los mercados cambian constantemente.

Los operadores se han apropiado históricamente de una parte de la renta que le corresponde al dueño de los hidrocarburos. A principios del siglo XX, las grandes concesiones en Irán, Iraq, Arabia Saudita, México (hasta 1938), y Venezuela (hasta 1943), fueron ‘escandalosas’ con respecto a la apropiación de la renta por parte de ‘los operadores’ o empresas petroleras privadas; sin embargo, hoy por hoy, esta apropiación excesiva sólo puede darse en el caso de tener esquemas fiscales deficientes o mal diseñados.

En años recientes, algunos países productores de petróleo no previeron que el precio del barril de crudo pudiera rebasar los 100 dólares y, actualmente, no están recibiendo la parte de la renta correspondiente al incremento en el precio. Ésta es una de las causas de la ola de renegociaciones de contratos existentes entre países productores y operadores, entre los que destaca el caso de Venezuela, por ser el más radical.

El hecho de que las empresas con participación estatal de los países productores controlen más de 75% de las reservas probadas del mundo, otorga a dichos países un gran poder de negociación frente a los operadores privados.

Por los motivos anteriores, no hay razón para tener tanto miedo de los operadores privados. El presidente Cárdenas no les tuvo miedo en una época en que las empresas petroleras privadas tenían más poder e influencia en la política exterior. Él, y su equipo de trabajo, en un momento previo a la nacionalización de 1938 y con pocos recursos a su alcance, incluso se adelantó a una práctica que, en pocos años, empezaría a ser común en todo el mundo, al firmar un acuerdo con la empresa El Águila (angloholandesa), donde la compañía aceptaba dar al Estado una renta económica que oscilaba entre 15 y 35% de la producción de ciertos yacimientos.

Esta información fue redactada por Luis Miguel Labardini, socio del despacho Marcos y Asociados.



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