7 mitos sobre el petróleo en México

Hace algunos años hice una investigación en el Tecnológico de Massachusetts para entender cuál sería el costo de oportunidad de Pemex, es decir, el rendimiento esperado por parte de los mexicanos, en su carácter de inversionistas, de su empresa operadora de campos petroleros.

Aquí nos referimos al retorno a la inversión por parte del operador que, en el caso de Pemex, se consiguió con las gallinas y las joyas que los mexicanos llevaron a la familia Cárdenas para pagar por las inversiones de las compañías extranjeras, pues Pemex no ha recibido desde 1938 un solo centavo de dinero fresco.

En teoría, la tasa de rendimiento a la inversión de Pemex debe ser superior a la de cetes, y equivalente a la de otros operadores, públicos o privados. El problema es que, a diferencia de Petrochina, Statoil o Petrobras, Pemex no cotiza en Bolsa y, por lo tanto, no podemos conocer a ciencia cierta esta relación riesgo-rendimiento. Lo que sí podemos decir es que Pemex está sujeto a una larga lista de limitantes que inciden en riesgos y costos más altos que otros operadores (como su régimen fiscal), por lo que el rendimiento y la renta deben estar muy por debajo del nivel esperado.

Si a cambio de las aportaciones en especie de 1938, cuando nacionalizó el petróleo, el gobierno hubiera entregado acciones a cada mexicano, tendríamos una gran asamblea de accionistas y un consejo de administración que optimiza los recursos invertidos.

Tener una empresa pública se ha justificado con el argumento de que, a diferencia de la empresa privada, la primera tiene como objetivo maximizar el bienestar social. El problema es que no existe una metodología exacta para determinar dicha función, por lo que la definición es subjetiva, altamente politizada y refleja las preferencias de un grupo específico en el gobierno.

La mayoría de los gobiernos de países productores han intentado lograr ese bie-nestar mediante el uso de la renta económica, y dejan que los operadores actúen de acuerdo con la racionalidad de los mercados. Esto, sin que el Estado se desvincule de las decisiones de exploración y explotación.

Para que la decisión de perforar en cierto lugar o usar determinada tecnología sean las mejores, tienen que ‘dolerle’ a los accionistas en caso de que haya una falla. En todos los casos, cuando una empresa pone en riesgo su inversión toma las mejores decisiones posibles, pues es su propio patrimonio el que está en juego. Aunque éste es el caso de Pemex, en el actual esquema jurídico no existen los mecanismos de gobierno corporativo que aseguren la eficiencia en el proceso de toma de decisiones.