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En un estado del norte de México, un hombre de 48 años maldice el día en que abrió un crematorio. Hace como un año, un pequeño grupo se presentó en su negocio para pedirle que desapareciera cierta “evidencia humana”. Él se negó. Una semana después, encontró a los perros que cuidaban su local muertos a balazos. Aún sorprendido por la escena, escuchó a una persona gritarle desde la calle, en una camioneta en marcha: “Los siguientes son tus padres”. Al poco tiempo, recibió otra petición de usar su horno crematorio. Accedió sin chistar. El uso gratuito fue sólo el principio. Desde hace 10 meses le paga a este grupo 1,000 pesos cada vez que usa su horno para clientes comunes, lo cual puede suceder hasta una decena de veces en un mes. “No tengo otra forma de salir adelante”, dice mientras baja la mirada.

El empresario no quiere ser identificado por temor a represalias. Otras cinco víctimas de extorsión ni siquiera accedieron a hablar para este reportaje. Tampoco acude a las autoridades, como no lo hace 85% de las víctimas de un delito, según una encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).

Su caso describe una realidad: la extorsión es el nuevo impuesto que muchas empresas tienen que pagar al crimen organizado, en cada vez más lugares del país. Y tiene una naturaleza muy distinta a la típica extorsión telefónica, que muchas veces es sólo una amenaza que suele hacerse desde teléfonos públicos ubicados en las cárceles. Aquí, los extorsionadores tienen rostro, se presentan a cobrar derecho de piso y la probabilidad de que cumplan su amenaza es mucho más alta.

“Aquí la gente sabe que (la extorsión) no es un juego. Ves fusilamientos, decapitados, quema de negocios. Todos saben que tienen que cooperar o mejor cerrar”, cuenta Mardia Astorga, una abogada que vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que ha presenciado tres ejecuciones y a decenas de personas asesinadas.

Para algunos, el incremento de la extorsión es una consecuencia de la ‘guerra contra el narco’ que en diciembre de 2006 inició Felipe Calderón. “El crimen busca otras alternativas para allegarse de recursos”, dice Ignacio Manjarrez, vicepresidente de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Además de extorsionar, el crimen organizado secuestra, roba mercancía y vende piratería. “Conforme adquiere  mayor control territorial en ciertas plazas, es lo suficientemente fuerte para controlar a otros operadores económicos”, explica Francesco Pipitone, director senior de Kroll, firma global especializada en consultoría sobre seguridad y mitigación de riesgos.

La mayoría de los casos de extorsión se registran en Veracruz, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Estado de México y Quintana Roo. Pero en los últimos meses, la geografía de estos delitos se ha extendido por el país. “No existía la preocupación de extorsión del crimen organizado en Guanajuato y hoy existe; tampoco en Aguascalientes y hoy existe”, dice Sergio Díaz, director en jefe de Kroll México.

De tres años a la fecha, clientes de distintas regiones del país han pedido asesoría a esta empresa para hacer frente a las amenazas de agresión que reciben en contra de sus empleados o de sus instalaciones al negarse a pagar la extorsión. “En Kroll no teníamos personal asignado al crimen organizado. Hoy tenemos un director y tres analistas en el tema. Nuestros clientes se han incrementado sustancialmente”, dice Díaz.

Las cifras sobre extorsión que el año pasado informó Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, explican esta bonanza. En 2002 se contabilizaron  60 denuncias por este delito. Seis años después sumaron 50,000. Y eso que personas extorsionadas por el crimen organizado pocas veces hacen la denuncia. La encuesta del ICESI reveló también que las extorsiones representan 10% del total de delitos que se cometen en el país. El resultado es un millón de casos al año.

“La extorsión es un impuesto más que se suma a una de por sí pesada carga fiscal que no incentiva la inversión”, dice Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El empresario que aún no vive en carne propia una extorsión, de cualquier forma absorbe un costo: paga seguridad para protegerse. “Es lamentable que tengamos que pagar porque el Estado no puede garantizarnos un ambiente de seguridad”, agrega.