Mujeres ganan 5% menos que hombres

La discriminación salarial y laboral hacia el sexo femenino es un pendiente por erradicar en México; el país ocupa el cuarto lugar en la OCDE con la menor participación laboral femenina.

Sábado, 20 de julio de 2013 a las 12:05
La nación tiene marco normativo amplio en la materia, pero en términos generales no se cumple. (Foto: Getty Images)
La nación tiene marco normativo amplio en la materia, pero en términos generales no se cumple. (Foto: Getty Images)
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — Las mujeres que trabajan ganan en promedio 5% menos que los hombres, a pesar de que el 40% de los hogares mexicanos dependen del ingreso de personas del sexo femenino, según el Índice de Discriminación Salarial 2012.

Además, México es el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con menor participación laboral femenina, de acuerdo al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando Galindo Favela.

El funcionario coincidió con la necesidad de aumentar, cuando menos, en 5% las percepciones de las mujeres.

"La tasa de participación de mujeres en alguna actividad económica remunerada es apenas mayor a cuatro de cada 10. Por cada cuatro mujeres económicamente activas existen más de siete hombres trabajando y recibiendo una remuneración por su actividad, por lo que las políticas sectoriales deben facilitar la transición de las mujeres a actividades más productivas y de mayor remuneración", refirió durante su participación en el Seminario de Política Pública y Presupuesto Público con Perspectiva de Género en la Cámara de Diputados.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, manifestó también la necesidad de incrementar las precepciones de este sector de la población a fin de lograr la igualdad salarial.

Tanto Galindo Favela como Cruz Sánchez recordaron que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 obliga a reducir las brechas de género, a impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor con la eliminación de obstáculos que impiden su plena participación en actividades económicas remuneradas, y con el desarrollo de productos, servicios y esquemas financieros.

México cuenta con un marco normativo amplio en materia de equidad e igualdad que, sin embargo, en términos generales no se cumple.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, las religiones, opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas", expresa el párrafo tercero del artículo I constitucional.

Además, el país cuenta con una política de Estado en contra de la discriminación y a favor de las mujeres, grupos indígenas y otros sectores vulnerables.

Un ejemplo es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual garantiza el derecho constitucional de cada mexicana y mexicano a vivir con equidad de trato e igualdad de oportunidades.

Esta ley define la discriminación como toda distinción exclusión o restricción que se hace con base en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

De igual forma, organismos de ámbito internacional como ONU-Mujeres, Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea, han denunciando la discriminación salarial de las mujeres y han llamado la atención a los Estados para que apliquen medidas para superar la brecha salarial.

La normativa a escala global, en materias de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación por razón de sexo, insta a adoptar medidas atendiendo a las múltiples dimensiones sobre las que se conforma esta práctica discriminatoria, pero situando la prioridad de las actuaciones en el ámbito de las relaciones laborales, el empleo, las políticas de igualdad, la negociación colectiva y el diálogo social.


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