Los colegios privados que retiran remanentes (utilidades) de la sociedad para distribuirla entre los socios y que tienen las inversiones (edificios y equipo) dentro de la misma sociedad no son candidatos para convertirse en donatarias autorizadas, advirtió la catedrática de la Universidad Panamericana (UP), Olga Ávila.

En contraste, agregó, que cuando se trate de instituciones educativas que la propiedad de sus inversiones las tiene otra sociedad, generalmente en una inmobiliaria y la escuela paga a la inmobiliaria la renta por los inmuebles y los equipos, podría ser factible pedirle permiso al fisco para ser donataria autorizada.

“Para optar por solicitar la autorización para ser donataria autorizada, la institución educativa deberá mantener fuera de esta, todas las inversiones y este cambio puede tener carga fiscal importante por los impuestos federales y locales”, alertó Ávila.

Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una donataria autorizada es cualquier organización civil y fideicomiso que pide permiso para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Las que son donatarias autorizadas son empresas que efectivamente se dedican a la educación, son por lo tanto empresas institucionales, viven de los donativos y matrícula de los estudiantes, pero las utilidades se reinvierten en la institución”, explicó el socio director de Servicios Jurídicos Integrales de E&Y, Herbert Bettinger.

Aunque la evaluación de si ser donataria autorizada o no debe hacerse caso por caso, lo más probable es que a los colegios pequeños no les convenga, explicó en entrevista por separado el  catedrático de la Universidad Anáhuac del Sur, Pablo Galindo.

Añadió que otro factor a considerar para pensar en obtener o no el permiso es que los  colegios y universidades que no están dados de alta ante el fisco como donatarias autorizadas no están obligados a dictaminar,

Adicionalmente, las donatarias autorizadas no pueden dedicar más del 5% de sus gastos a administración, o pueden perder el permiso, advirtió por separado el experto fiscal de PricewaterhouseCoopers (PWC), José Alfredo Hernández.

Hernández informó que las instituciones educativas que busquen obtener el permiso pueden hacerlo en cualquier mes.

“En cualquier momento del año y si la obtienen antes de que termine el 2008 les van a poder devolver el IETU que pagaron”, detalló.