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Nextel aplaude reformas a Ley de Amparo

La telefónica considera que los cambios obedecen al abuso que varias firmas han hecho del recurso; Nextel enfrentó 140 amparos de Iusacell por la Licitación 21, recuerda su vicepresidente.

Por: Edgar Sigler |
Viernes, 15 de febrero de 2013 a las 06:01

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La firma de telefonía móvil Nextel México considera que los cambios aprobados esta semana por el Congreso de la Unión a la Ley de Amparo responden a los abusos que compañías como Iusacell han hecho de ese recurso jurídico para frenar los proyectos de competidores.

"Es obvio que tiene que haber una contra-reacción al abuso de ese tipo de recursos. Un solo grupo, dentro de la historia de Nextel, ha interpuesto 140 amparos para tratar de lograr suspensiones que eviten el crecimiento de un entrante", comentó Gustavo Cantú, vicepresidente corporativo de Nextel México.

El directivo se refirió al largo proceso judicial que vivió la compañía en 2010 cuando ganó un tramo de espectro radioeléctrico en la Licitación 21, cuando incluso rompió un acuerdo con Televisa por 1,440 millones de dólares.

Iusacell, a través de Grupo Salinas, interpuso decenas de amparos que lograron desestabilizar la certidumbre sobre el futuro de esa concesión, provocando la ruptura de la asociación con Nextel a finales de ese año. Además, la telefónica de Ricardo Salinas Pliego logró a principios de 2011 un acuerdo con Televisa para vender 50% de Iusacell en una transacción valorada en 1,600 millones de dólares.

Nextel conservó su concesión y desplegó en ese espacio del espectro su red de tercera generación (3G) con la cual ahora ofrece servicios de datos, y ya sin ningún proceso judicial.

"Los que más se quejan (de los cambios) son los que más han recurrido al amparo", señaló Gustavo Cantú. Sin embargo, destacó que se requieren otras reformas para tener un sistema de justicia más expedito y tribunales especializados en telecomunicaciones.

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la reforma con la que se negarán las suspensiones sobre las concesiones de mineras, transportes o de telecomunicaciones, decisión que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) criticó pues considera que se desincentivarán las inversiones.

"El impacto sería muy grave en sectores productivos que contribuyen con casi una quinta parte de la actividad económica, tales como el aerotransporte, el financiero, el de las telecomunicaciones y la minería", dijo el presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, la semana pasada.

El gremio empresarial comentó entonces que sin la suspensión el juicio de amparo pierde efectividad en su protección pues la suspensión garantizaba la protección ante una posible ilegalidad cometida por la autoridad.

La reforma no estipula que la figura del amparo deje de operar, pero prioriza el precepto del interés público, dando un mayor peso a la defensa del consumidor sobre los intereses empresariales, opinó Jaqueline Sáenz, investigadora del área de Derechos Humanos de la asociación Fundar.

"Hay cosas perfectibles en la ley, pero se pueden arreglar a través de su aplicación y creando jurisprudencia", dijo la especialista, que espera que el Senado apruebe los cambios enviados por la Cámara de Diputados para que se pueda publicar lo antes posible.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) también ha mostrado su apoyo a las modificaciones a la Ley de Amparo, refiriendo que cuando la Suprema Corte negó la suspensión en decisiones sobre tarifas de interconexión en 2011, el consumidor se benefició con tarifas de telefonía móvil más bajas.

El vicepresidente de Nextel México defendió que esta decisión ha beneficiado tanto al consumidor como a la competencia en México, provocando que Telcel, el mayor operador del sector, redujera sus márgenes de ganancias, lo que ha causado que apuesten más al despliegue de infraestructura y mayores subsidios a teléfonos inteligentes que usen los datos.

El uso de la figura de la suspensión en los proceso de amparo también ha servido a Telmex y Telcel para esquivar las declaratorias de dominancia de la Comisión Federal de Competencia (CFC), las cuales sirven para que la Cofetel impongan regulaciones asimétricas en contra de las firmas del empresario Carlos Slim.

México es el país con mayor concentración en el mercado de telecomunicaciones, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Telmex y Telcel concentran cerca del 80% y 70% de los segmentos de telefonía fija y móvil en el país.


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