Pemex vs otras paraestatales

A principios de los 70 el Congreso venezolano promulgó una Ley para recuperar sin indemnización los bienes de toda la industria petrolera. Estas concesiones fueron otorgadas bajo el amparo de una legislación aprobada en 1943, cuyo vencimiento sucedería en 1983.

La medida se adelantó algunos años (se hizo en 1975) porque según el gobierno venezolano los concesionarios estaban desmantelando la industria petrolera. Un día después de la estatización, fue fundada la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA, conocida como PDVSA.

A mediados de la década de los 80 la industria volvió al régimen de concesiones gracias a que la ley vigente permitía los convenios operativos y las asociaciones estratégicas. Ya en los 90, PDVSA inició un proceso masivo de terciarizar los servicios de esta industria, lo que generó una inversión inicial de 2,000 millones de dólares.

Los convenios eran por 20 años. Así, inversionistas y operadores privados asumieron la producción de crudo de algunos campos inactivos o que requerían inversiones para aumentar su nivel de extracción. En 1996, las exploraciones en áreas petroleras de Venezuela estaban a cargo de consorcios extranjeros como Mobil, Dupont Conoco, British Petroleum y Repsol.

Cuando Hugo Chavez llegó al gobierno se promulgaron dos leyes que derogaron toda la legislación previa y crearon un nuevo marco legal: la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Entre otros cambios destaca la forma en que se fijaba la renta a los hidrocarburos.

Por un lado, la nueva legislación incrementó la regalía y por el otro equiparó los impuestos sobre la renta con el resto de las actividades económicas en el país. Para el gas la regalía mínima es 20% y para los hidrocarburos líquidos es 30%. Esto tenía como objetivo garantizar un ingreso fiscal más estable, compartiendo los riesgos de precios bajos entre el Estado propietario y la industria petrolera inversionista, de modo que la actividad de valor agregado no fuera estimulada a fugarse del país.

Entre diciembre 2002 y enero 2003, PDVSA fue la cuna de la insurrección en contra del régimen de Hugo Chávez, cuando la firma estatal paró sus labores durante varios días, lo que provocó una fuerte caída de la economía venezolana. En marzo de 2003, el gobierno de Chávez volvió a tomar el control de la petrolera.

El año pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la creación de “empresas mixtas”, un esquema que otorga a PDVSA la mayoría accionaria en las compañías trasnacionales de Francia, Noruega, Gran Bretaña y Estados Unidos para explotar crudo en la Faja del Orinoco.

Este tipo de empresas debe reinvertir un porcentaje de sus ingresos brutos al desarrollo de la región en donde operan. También incorporaron un “impuesto sombra” mediante el cual en ningún caso el Estado venezolano deja de percibir menos de 50% del ingreso bruto petrolero.

Entre las primeras empresas mixtas autorizadas figuran Petrocedeño, donde participan Total y Statoil; Petromonagas, que tiene capital de British Petroleum y Veba Oil & Gas; y Petropiar, en la que PDVSA trabaja con Chevron-Texaco. En promedio, PDVSA tiene casi 80% de la propiedad de estas empresas.

Estas asociaciones, cuya duración es 25 años, son para actividades de exploración y producción. La Faja Petrolífera del Orinoco es una extensión de 55,314 kilómetros cuadrados con reservas de crudo pesado y extrapesado, calculadas de forma preliminar en 236.000 millones de barriles.

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