Cárceles, el fin del letargo

Faltaban 30 minutos para la medianoche. La doctora, alias de María de Jesús Guerra Díaz, había ingresado una hora antes al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón por liderar la banda que en noviembre pasado secuestró, asesinó y abandonó carbonizado en el desierto al empresario Rodolfo Alanís. Tomó 25 minutos a un comando de 15 encapuchados amagar vigilantes, penetrar al penal y llevar a un baño a tres secuaces de Guerra Díaz, rociarles gasolina y prenderles fuego. El arribo de la policía impidió que entraran a las instalaciones femeniles. La doctora sigue viva.

Eso ocurrió el 10 de febrero pasado. Una semana antes, cinco reos intentaron huir durante un traslado en el penal de Reynosa. En esa misma localidad, 17 presos -13 del fuero federal- escaparon el 8 de octubre pasado. En mayo, cinco zetas se evadieron de una cárcel de Veracruz; otros nueve se fugaron de un Cereso de Puebla en julio; el mismo mes en que desapareció Luis Gonzaga, operador del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada de una prisión del Distrito Federal... y la lista sigue.

Parte de esto es consecuencia de que hace más de 10 años que el gobierno federal no destinaba un peso a la construcción de infraestructura penitenciaria.

Incluso, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) decidió desaparecer su división de Seguridad Pública en 2006, tras advertir que, ya entonces con una sobrepoblación de 36,907 presos, "se requiere construir un centro penitenciario por cada cuatro existentes en el país, tan sólo para atender la demanda existente", reza una presentación oficial del organismo.

El panorama cambió cuando la movilización de la sociedad civil orilló al gobierno federal a establecer el incremento en infraestructura en seguridad como uno de los compromisos de la SSP para el Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, firmado el 21 de agosto de 2008.

Así, para octubre se anunció el Programa para el Impulso del Crecimiento y el Empleo que trajo consigo 5,500 millones de pesos (mdp) para infraestructura en seguridad hasta 2012.

Este año, el anexo 32 del Presupuesto de Egresos para la Federación asignó 2,500 mdp para la construcción, el mantenimiento o la ampliación de tres penales (Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa), así como la ampliación de la colonia penal de Islas Marías. ¿Suficiente?

"Para abatir la sobrepoblación actual (50,450 reos) deberíamos construir por lo menos 30 o 35 centros penitenciarios y queremos encaminarnos hacia la infraestructura penitenciaria concesionada", señala José Patricio Patiño Arias, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Es decir que el problema podría resolverse con sólo 35,000 mdp, según cálculos de Obras, basadas en información de la propia SSP federal. La cifra equivaldría a tres veces la inversión promedio anual que tuvo Wal-Mart de México entre 2005 y 2008, o el costo inicial para la ejecución del proyecto más caro listado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012: Punta Colonet, en Baja California.

"Analizamos dar la operación carcelaria completa, con todo lo que eso signifique, excepto la seguridad y la custodia porque ése es un derecho inalienable del Estado mexicano", precisa Patiño Arias.

De hecho, una de las mayores apuestas está en el Centro Penitenciario de Papantla, Veracruz -aún bajo el esquema de obra pública-, que tendrá un costo aproximado de construcción que supera 1,000 mdp.

 

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