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La vivienda sustentable es la bandera que pretende disminuir las emisiones de CO₂, gas de efecto invernadero que para 1996 fue el que se produjo en mayor cantidad en México, con 74.3% de las emisiones.

Las principales fuentes del contaminante son la quema de combustibles fósiles utilizada en la generación de electricidad y en el transporte, así como el cambio de uso de suelo, por las emisiones que desprende directamente y por la tala y limpia de los terrenos en breña.

Los sectores residencial, comercial y público participan con alrededor de 23% del CO₂, mientras que el del transporte lo hace con 38%, el industrial, con 35%, y el agropecuario, con casi 2.7%.

La vivienda sustentable es un intento por combatir el problema. Por eso, con los subsidios federales y las hipotecas verdes, este gobierno detonó el interés por ofrecer productos y tecnologías para el manejo adecuado de residuos sólidos y el ahorro de energía: aislamiento de techos y muros, equipos para el calentamiento de agua con energía solar, lámparas eficientes, recubrimientos reflectivos y aislantes.

Con el ejemplo de la vivienda institucional podríamos pensar que en México hay otros programas agresivos para lograr la sustentabilidad en los demás tipos de edificaciones (hospitalarias, de oficinas públicas y privadas, escolares, turísticas y de servicios), en los que, seguramente, consumen más energía y agua. Sin embargo, no es así.

¿Hasta cuándo los que menos tienen deben financiar la tecnología que contribuya a frenar el calentamiento global y el efecto invernadero? ¿Por qué se teme incorporar en los códigos de construcción y de uso de suelo disposiciones más estrictas para los que sí pueden y deben pagar? ¿Y qué decir de hacerlo en las obras públicas?

*Director técnico del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación (ONNCCE).