Licitación exprés, cerca de obra pública
La propuesta de paquete económico 2010 pretende cambiar las leyes para impulsar la obra pública; asignaciones inmediatas, incremento de inversión privada, licitaciones restringidas están en puerta.
El proyecto de presupuesto sugiere cambios en las leyes relacionadas con la obra pública. (Foto: Federico Gama)
Más para el sector privado
Si bien bajo el régimen jurídico actual es posible la asociación entre el Gobierno y los particulares tanto para construir, mantener y operar infraestructura, como para prestar servicios públicos, las disposiciones legales respectivas se encuentran dispersas entre una variedad de ordenamientos presupuestarios, de obras públicas, de adquisiciones, de servicios y responsabilidades; además de los ordenamientos específicos al sector.
A través de esta ley se otorgaría una mayor certidumbre jurídica, lo cual es esencial para incentivar mayor inversión, dado que los proyectos son de gran envergadura y requieren un periodo largo para su consecución y para la recuperación de la inversión.
Asignaciones en corto
Así, el Gobierno federal tendrá la opción de asignar de inmediato la contratación de obra pública a empresas que satisfagan los requerimientos técnicos y de menor costo y, al mismo tiempo, contar con la opción de esperar un entorno más favorable para la concesión de dichas obras -una vez terminadas- al sector privado.
El gran paquete
El paquete contempla el otorgamiento de créditos complementarios destinados a asegurar el financiamiento de proyectos contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura, así como la creación de fondos de capital de riesgo con inversionistas de probada experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Los tres mosqueteros
Además, la administración federal espera realizar reformas para agilizar y simplificar los procesos de adquisición de terrenos para obras, incluyendo la utilización de avalúos comerciales y el reconocimiento de la plusvalía de los terrenos por la realización de las obras.
Finalmente propone permitir la asignación directa de estudios, así como la licitación restringida de obras para acelerar los proyectos de inversión.


